El trabajo del Consejo de la Judicatura continúa durante la emergencia sanitaria por el COVID -19. Desde el 16 de marzo pasado, el Pleno del CJ se declaró en sesión permanente y a través de videoconferencias ha mantenido siete reuniones de trabajo en las que se evaluó la situación del sistema judicial y especialmente la de las unidades judiciales que atienden casos de flagrancia. También se abordaron temas administrativos para mantener en funcionamiento a la institución.

La Dirección General, las Direcciones Nacionales y las Direcciones Provinciales del CJ han mantenido cinco sesiones de trabajo a través de medios telemáticos y como resultado de esa labor, se aprobaron procedimientos para la atención en las 250 unidades judiciales a nivel nacional que tratan infracciones flagrantes.

Esta coordinación, permitió que en todo el territorio nacional, desde el 16 de marzo hasta el 06 de abril de 2020, se atendieran 1982 casos de flagrancia. La mayoría en Guayas (358), Manabí (232), Pichincha (161), Esmeraldas (128) y Los Ríos (126), entre otras.

Israel Lozada, Director Provincial de Imbabura manifestó que en la provincia se han realizado 47 flagrancias con salas diferenciadas para las partes procesales y los servidores judiciales y se realizan mediante videoconferencia, esto como medida de prevención ante la emergencia sanitaria.

Indicó que se encuentra habilitada una ventanilla en la Unidad Judicial Penal para recibir casos emergentes en materia de violencia en contra de la mujer y miembros del núcleo familiar, garantías jurisdiccionales y adolescentes infractores.

La autoridad provincial precisó que como medidas de prevención ante la emergencia sanitaria que vive el país fumigó todas las unidades judiciales de Imbabura, y se realiza la limpieza y sanitación que son usadas para las audiencias.

La atención en las unidades judiciales ha sido posible, también, por la aplicación del Protocolo de Emergencia Coronavirus COVID – 19 a través del cual se dispuso el fortalecimiento de medidas de bioseguridad (uso de mascarillas, alcohol, gel), la limpieza y fumigación de las dependencias judiciales, así como políticas para el ingreso restringido de personas a esas instalaciones.

Estas acciones demuestran que la gestión del CJ no se ha detenido, pese al estado de excepción vigente en el país. Gracias al trabajo y compromiso de las y los servidores jurisdiccionales y administrativos hemos seguido construyendo un servicio de justicia para la paz social.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE COMUNICACIÓN